El atropello a los indígenas de Itakyry

Durante tres días, la comunidad indígena en Itakyry, Alto Paraná, soportó violentos atropellos para que abandonen sus viviendas. El recurren...

Durante tres días, la comunidad indígena en Itakyry, Alto Paraná, soportó violentos atropellos para que abandonen sus viviendas. El recurrente problema de la "superposición de títulos" en cuestiones de tierras indígenas en Paraguay mostró su lado más violento en este caso.
Miguela Estigarribia, de 32 años, embarazada de seis meses, estaba en su casa, jugando con dos de sus cuatro hijos. En un momento, escuchó varios disparos y gritos desesperados de sus vecinos que venían desde afuera. Salió corriendo y lo primero que hizo fue socorrer a sus pequeños. Corrieron juntos y se internaron en los sojales que rodean a la comunidad indígena Ysaty – 3 de Julio, de Itakyry, Alto Paraná. Los invasores, 12 hombres armados con fusiles y escopetas, quemaron las casas, las plantaciones de banana y echaron la escuela de la comunidad. Era el domingo 7 de mayo, cerca de las 10.00. Había mucho sol.
Esa mañana fue el inicio de una serie de atropellos que las 15 familias indígenas de dicha comunidad, del pueblo avá guaraní, padecieron durante tres días. Este hecho marca una vez más la violencia que encierra la problemática de la titularidad de tierras consideradas ancestrales en nuestro país, que tiene como punto recurrente la supuesta “superposición de títulos”. En este caso, es la firma Alcoholes del Paraguay SA (Inpasa) la que aparece litigando por una parte del inmueble en cuestión. Pero en esta oportunidad, se le agrega un ingrediente atípico; la complicidad de los propios caciques de varias comunidades de Itakyry que permitieron la brutal agresión.
Miguela tiene una piel morena que denota la exposición constante al sol. El pelo negro recogido. Tatuaje en su brazo derecho. El primer día del ataque, el domingo 7 de mayo, ella estaba con sus hijos cuando tuvo que huir de su propia casa debido a la extrema violencia con que actuaron los que invadieron su comunidad. Miguela cuenta que su madre, Cecilia Duarte, falleció hace 6 meses y que su cuerpo está enterrado en el pequeño cementerio que la Comunidad Ysaty -3 de julio tiene en el lugar.
-Nosotros estamos dispuestas a morir por esta tierra, dice Miguela.
El segundo día, lunes 8 de mayo, las familias ya se habían agrupado de nuevo con lo poco que dejaron de las chozas. Se organizaron en improvisadas y precarias carpas. Cuando todavía no se habían repuesto de lo que pasó el domingo, volvió el atropello. Cerca de las 08.00, un contingente de hombres avansó sobre sus casas y los obligó a refugiarse a casi un kilómetro del lugar. Desde ese día, también, se dieron cuenta que un grupo de hombres, montado en moto, empezó a circular por las inmediaciones, como haciendo guardia. Para los indígenas, no era otra cosa que amedrentamiento contra ellos.
-Ese lunes vinieron a llevar lo poco que quedó de la escuelita, cuenta Miguela. En la institución educativa de la comunidad se impartían clases, del primero al sexto grado. La escuelita era de madera, pero tenía su propio generador eléctrico, con la que se abastecían las casas. Se llevaron todo.
Al tercer día, la violencia siguió. La tarde de ese martes -el último día de la agresión- los invasores, luego de volver a correr a los indígenas del lugar, comieron asado y tomaron cerveza con unos agentes policiales que llegaron para la ocasión. La parrilla se sirvió en lo que quedó de una de las casas destruidas. Prendieron el fuego con partes de las maderas de una vivienda indígena. Es lo que denuncian los indígenas.
-Esto fue una verdadera guerra de tres días, dice Benito Delgado, uno de los líderes de la comunidad Loma Clavel, que está muy cerca de Ysaty.
Delgado, de 36 años, kepis negro, jeans y abrigo, está parado sobre una de las plantaciones de banana que destrozaron los invasores. Gesticula. Habla en guaraní. Trata de explicar lo que parece inexplicable.
-¿Cómo se puede entender que ataquen así a mujeres y niños? Se pregunta Delgado.
Delgado, que vive en la comunidad Loma Clavel, cercana a la de Ysaty – 3 de Julio, escuchó los disparos y junto a otros integrantes de su comunidad se acercaron para ver qué ocurría.
-Era impresionante, le corrían a la gente y disparaban. Gracias a Dios no hubo muertos, porque estos tipos entraban a disparar con todo, dice Delgado, que desde el domingo acompaña a los de Ysaty-3 de julio. Lo que cuenta Delgado se refuerza en la versión del fiscal Víctor Santander, que lleva el caso. Según Santander, en el lugar, la fiscalía encontró varios casquillos de balas de escopeta.
Lejos de la zona de donde fueron atropellados, los indígenas vuelven a empezar, levantando sus casas.       Lejos de la zona de donde fueron atropellados, los indígenas vuelven a empezar, levantando sus casas.

A casi kilómetro y medio de donde ocurrió el atropello, las 15 familias se reubicaron. La zona, que décadas atrás era un bosque, hoy no tiene ni un solo árbol y el predio se utiliza para plantaciones. Si bien son tierras de los indígenas, con el paso del tiempo todo se deforestó y los propios caciques empezaron a alquilar estas tierras para la agricultura mecanizada. La mayoría de los agricultores que pagan, son brasileños. Y pagan bien.
Miguel Zaldívar es un vecino del lugar que no es indígena pero conoce a todas las comunidades de la zona.
-Es una barbaridad lo que hicieron con esta gente. Nosotros vivimos a 500 metros de aquí y escuchamos los disparos y el alboroto. Vine rápido pero ya no había caso, los tipos estaban armados y borrachos. Estaban muy violentos, explica Zaldívar.
Zaldívar se pasó la mañana del viernes -el día que el equipo de La Nación llegó hasta la comunidad- trabajando y ayudando a los indígenas a montar sus nuevas casitas.
Luego de estos tres días de miedo y agresiones contra esta comunidad, el Ministerio Público actuó y también apareció el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Los fiscales Alfredo Acosta y Víctor Santander finalmente imputaron a cuatro personas, quienes supuestamente participaron u ordenaron el atropello. Los involucrados son; Marcos Torales -un conocido abogado que de forma frecuente aparece en litigios judiciales por tierras- su hijo, Javier Torales; el dirigente campesino Ismael Barrios -quien supuestamente fue contratado para hacer las intervenciones- y Roberto de Souza André, gerente de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes (Inpasa). Sin embargo, desde Inpasa niegan rotundamente toda participación.
Por su parte, el INDI llevó chapas eternit y maderas para que puedan rehacer sus chozas. También llevó víveres. El viernes, en la comunidad había arroz, fideo y poco de carne, para aguantar por un par de días todavía. Los indígenas de Ysaty – 3 de Julio trabajan, en su mayoría, en la agricultora familiar. Plantan arroz, mandioca, banana, pero todo para consumo de sus familias. Algunos tienen oficio, como el caso del líder Delgado, que se dedica a la carpintería.
Según lo que dice la propia Municipalidad de Itakyry, el significado del nombre de esta ciudad proviene de la conformación de dos vocablos; “itaky”, que traducido representa a piedra en proceso de consolidación, y “ry”, que significa agua que corre o corriente de agua. En suma, Itakyry equivale a “agua que corre sobre una piedra en proceso de consolidación”. Históricamente, esta zona de Alto Paraná estuvo habitada por los pueblos indígenas Ava Guaraní y Mbya, y quienes todavía viven en las 24 comunidades de Itakyry son los descendientes directos de estas parcialidades que habitaban el lugar y que se movían, según los datos históricos, a lo largo del arroyo Itakyry, que atraviesa la zona y que ayudó justamente para bautizar a la ciudad con el mismo nombre.
La propia historia de esta ciudad, que actualmente cuenta con cerca de 37.000 habitantes, habla de la esclavitud a la que fueron sometidos indígenas y campesinos de la zona, a principios de 1900, cuando la empresa yerbatera “la industrial paraguaya” instaló definitivamente su base administrativa en este distrito altoparanaense. Itakyry, con esta fábrica, se volvió un ícono de aquella miseria humana que describió el escritor y periodista Rafael Barret, en sus famosas notas “Lo que son los yerbales”, en las que exponía la explotación de la clase obrera e indígena por parte de esta firma yerbatera.
El 8 de mayo, es decir, un día después del primer atropello, Luciano Villalba Acosta, cacique y líder indígena en Ystay – 3 de julio, firmó un acta notarial mediante el cual anuncia que las 20 familias que integran dicha comunidad se retiran de estas tierras, debido a que, supuestamente, en una reunión previa con representantes de Inpasa y del propio Instituto Nacional del Indígena (INDI), se comprobó que dicho predio pertenecía a los registros oficiales de la empresa privada.
Según los indígenas, el martes 9 de mayo pasado, último día de los atropellos, los invasores disfrutaron de un asado. Y estuvieron acompañados de efectivos policiales.     Según los indígenas, el martes 9 de mayo pasado, último día de los atropellos, los invasores disfrutaron de un asado. Y estuvieron acompañados de efectivos policiales.


El acta notarial de Manifestación Nº 23, firmado por Villalba Acosta, está reconocido por el notario y escribano público Julio César Mártínez Ramírez, de Hernandarias, Alto Paraná. Villalba Acosta firma el acta en carácter de Líder Indígena, y asegura que es un cargo que está reconocido por el mismo INDI, por la resolución Nº 12/013 del 10 de enero de 2013.
Existe además otro documento; una cesión de derechos y acciones -firmado el mismo día y con el mismo escribano- mediante el cual el cacique Villalba Acosta acuerda mudarse con las 20 familias de su comunidad a la comunidad indígena “Potrero Yvy Apyakaty”, ubicada en la zona de “Yatay e Ybyrarobana”, del distrito de Corpus Christi, Canindeyú. En este acuerdo, el representante de Potrero Yvy Apyakaty, Fulgencio Barrios González, cede unas 500 hectáreas a favor de Villalba Acosta, para que pueda estar con su gente en Canindeyú.
Villalba Acosta anunció a sus compañeros, un par de días antes de que ocurrieran los atropellos, que ya tenían un lugar dónde ir. Trajo un camión, juntó a su familia y a otras cinco y se fueron a Ybyrarobana, tal como arregló en las documentaciones. Pero la mayoría no estaba de acuerdo y prefirió quedarse en Ysaty – 3 de julio. Después de esto, vino la agresión.
-Él nunca avisó a nadie, afirma Ricardo Orrego (42), otro indígena de la Ysaty – 3 de Julio y saca una carpeta de su bolsón, todo arruinado, pero que todavía le sirve para juntar hojas, documentos y cuadernos.
Ricardo tiene los planos que, años atrás, el propio INDI les proveyó para confirmar que las tierras ancestrales de Itakyry no pueden ser transferidas a nadie. Tiene también otros contratos y proyectos de leyes en las que se pretende proteger más a los indígenas y sus comunidades.
El dedo pulgar de la mano derecha de Ricardo tiene sangre coagulada. La uña le salta. Parece, a simple vista, algo que debe doler. Ricardo dice que, tratando de defender a los suyos, se golpeó con el machete.
– Por suerte, los hermanos de todas las demás comunidades ya saben lo que está pasando y van a ayudarnos para defender lo que nos pertenece, expone Ricardo.
Para los indígenas que todavía están en el lugar, Villalba Acosta no actuó solo. Hartos de ser acusados de “negociar” siempre con sus tierras, señalaron a varios caciques como los que promueven, desde hace tiempo, el negociado del alquiler de tierras para plantaciones y sobre todo, del supuesto acuerdo para abandonar Ysaty. Nombraron, en ese sentido, además de Luciano Villalba Acosta, a Ignacio Gauto (Comunidad 6 de enero), Agustín Benítez (Loma Tajy), Eusebio y Cristóbal Gauto (Formosa Buena Nueva) y Helmido Orrego, una persona que no pertenece a comunidad alguna pero que aparece como una especie de “asesor” en estas circunstancias.
Tras los días de terror, los indígenas de la comunidad Ysaty – 3 de julio tratan de volver a la normalidad.          Tras los días de terror, los indígenas de la comunidad Ysaty – 3 de julio tratan de volver a la normalidad.


Las documentaciones de las actas notariales constan en la propia municipalidad de Itakyry y son las mismas que utilizan los representantes legales de Inpasa para hablar de un acuerdo para lograr que esas 300 hectáreas que reclama Inpasa, puedan ser deshabitadas por parte de los indígenas. Sin embargo, judicialmente no hay ninguna acción tomada por la empresa, ni existe algún pedido judicial para que los indígenas fueran desalojados. Fue simplemente, un atropello brutal.
Simón Benítez es otro indígena de la comunidad de Ysaty – 3 de Julio que ahora toma la posta como líder, tras la salida de Villalba Acosta. Camisa amarilla y un pantalón gris gastado, Benítez recuerda el número de teléfono de la comisaría local, de la fiscalía y de otros indígenas de memoria, sin tener que recurrir a ningún teléfono. Sin embargo, los días de los ataques, no encontró mucha ayuda en los números de las autoridades.
-En la comisaria decían que no tenían combustible. O que ya iban a venir. Pero nunca llegaron. Recién gracias a los vídeos que salieron en la prensa, se interesaron, pero después de tres días, expone Benítez.
En Itakyry están legalmente asentadas un total de 24 comunidades con unas 600 familias en 2.638 hectáreas, que son consideradas tierras ancestrales. Como en la mayoría, en este caso se habla de una nueva “superposición de títulos”. La empresa Inpasa asegura que tiene la titulación de 300 hectáreas, en la zona misma en donde habita la comunidad Ysaty – 3 de Julio. Esta contraposición de títulos aparece como un litigio que se arrastra desde hace algunos años, y que supuestamente se terminó con este “acuerdo” con el líder de la comunidad, Villalba Acosta.
Sin embargo, el último jueves, el propio presidente del INDI, Aldo Zaldívar, les aseguró a los indígenas de la comunidad agredida que ellos son los propietarios de esas tierras y que no tienen porqué abandonar el lugar. Para el INDI, el acuerdo firmado y que consta en la Municipalidad de Itakyry no tiene valor jurídico.
Hasta el viernes último, la única organización no gubernamental que se interesó en la situación de estos indígenas más allá de pronunciamientos vacíos o indignaciones en redes sociales, fue la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi). Representantes de esta entidad ya se pusieron en contacto con los indígenas de la zona para ver qué tipo de ayuda pueden coordinar en esta semana.
Mientras, Miguela, la indígena de 32 años que tuvo que correr con sus hijos de su propia casa, que perdió sus plantaciones y hace seis meses enterró a su madre en estas tierras, pide una sola cosa a las autoridades; que vuelvan a construir la escuela para los niños de su comunidad.
Fuente: HOY digital

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El atropello a los indígenas de Itakyry
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